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Corrupción política: El caso del Ecuador
Por Zavier Zavala Egas

I. Consideraciones generales sobre la corrupción

La corrupción viene definida como soborno, coima o peculado, es la acción y el efecto de corromper; es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, depravación, perversión y desmoralización. Aplicando tales acepciones al campo social o político y para efectos didácticos, decimos que corrupción es el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema legal imperante, para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros. Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ejerce un papel de esta naturaleza en la cosa pública y corrupción es un modo particular de ejercer tal influencia o abuso ilegal.

Se obtienen beneficios mediante la utilización de la influencia otorgada por cargos públicos o por la fortuna privada del particular que genera el enriquecimiento ilícito del funcionario. La corrupción, como alguien dijo, es el matrimonio entre un corruptor y un corrupto y el ánimo de lucro, que es propio de las actividades de la empresa privada y perfectamente legítimo, no valida el uso de mecanismos truculentos para obtener réditos inmorales a costa de la administración pública.

En el fondo la corrupción puede convertirse en un problema cultural, el marco formativo y conductual predominante en nuestras sociedades, en unas más y en otras menos, es el individualismo, el consumismo, la carencia de valores, el afán por el poder, la codicia, un exitismo económico reflejado en un “tanto tienes tanto vales” y el débil compromiso con lo público y con el bien común, llegando así a la asfixiante y frustrante situación actual.

Decía en alguna ocasión el Presidente paraguayo Wasmosy, que “nos hemos acostumbrado a las soluciones fáciles y admiramos a los ventajistas, es decir, a los “vivos”, a aquellos que sacan provecho de cualquier situación favorable, por más inmoral que fuera. Los admiramos en lugar de repudiarlos. Nuestra cultura aplaude al “pícaro”, al que tilda de inteligente y hasta sabio, en detrimento de aquellos que viven de sus méritos y su esfuerzo personal. Tenemos ese atavismo luego de haber visto triunfar durante tanto tiempo a los acomodados, a los obsecuentes y a los sinvergüenzas”.

Y es que, ciertamente, la corrupción al trastocar los valores de la ciudadanía y la juventud confunde lo que es correcto con lo incorrecto. Se crea la cultura de la tolerancia con el pícaro triunfador y éste, en vez de ser un marginado, pasa a ser pieza clave de gremios y grupos de tipo social, cultural, profesional y también políticos. La sociedad tolera la inmoralidad e, inclusive, políticamente se dice que no importa que robe, con tal que el funcionario público trabaje.

La corrupción en el Ecuador, lamentablemente se encuentra enraizada, difícilmente encontramos estamento político que no haya sido contaminado. James Madison precursor constitucionalista de Estados Unidos, expresó “el fin de toda constitución política, debería ser, conseguir primeramente como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”.

Cuando el poder público es corrompido, la sociedad pierde toda credibilidad sobre el sistema. Pone en peligro el sistema democrático debido al nivel de desconfianza institucional que provoca. Socava el compromiso social y público que el ciudadano debe poseer destruyendo paulatinamente las bases en las que la sociedad se afirma. La corrupción es la mayor amenaza a los gobiernos, la política, los negocios y la democracia y nuestro país, el Ecuador, no ha escapado a este fenómeno.

La experiencia demuestra que la corrupción se acentúa en los regímenes totalitarios y no en las democracias, la razón es sencilla, en regímenes de facto existe una ausencia total de controles y las decisiones son verticales. En cambio la alternabilidad de autoridades políticas, la libertad de opinión y de información, la separación de funciones y controles entre éstas, constituyen un marco, al menos teórico, más eficaz para luchar contra la corrupción. Parecería lo contrario ya que en nuestras actuales democracias la corrupción como flagelo y como tema de debate es permanente, sin embargo, el politólogo Cayetano Llovert nos explica y dice: “Ahora cuando ganamos espacios democráticos es cuando aparecen más corruptos. No es que las dictaduras no hayan sido corruptas lo que pasa es que ahora se ve con toda claridad a los pillos”.

La realidad de nuestros países muestra la abismal diferencia entre lo que está consagrado en la ley y la actividad política. En Argentina, por ejemplo, dice la periodista Josefina Vásquez Motta, el presidente Carlos Menem criticó, en junio de 1993, a la prensa y planteó que no debía ocuparse más del tema de la corrupción, pues siempre hubo, hay y habrá corrupción. De otra parte, en Brasil son capaces de juzgar a Collor de Mello y, al mismo tiempo, darle apoyo electoral al político Adhemar de Barros quien su campaña la hizo bajo el lema: roba pero hace. Finalmente, los ecuatorianos somos capaces de deponer un gobierno democráticamente elegido bajo el estandarte de la lucha contra la corrupción, y, sin embargo, a 15 meses de tal hecho el gobierno sucesor es acusado de igual o más corrupción y el partido político a cuyo afiliado y Presidente de la República se depuso anteriormente, por corrupto, acaba de clasificar a un nuevo candidato a una segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales.

Al igual que en los sistemas políticos, la economía cerrada, monopólica y de controles centralizados estimula la corrupción sin que, por ello, el libre mercado sea la panacea o la solución. En el sector privado el libre mercado y la competitividad previenen la corrupción, sin embargo, deben existir leyes que generen controles reales que velen por la transparencia y rectitud de la gestión privada. Cuando un Estado tiene una gran cantidad de empresas, muchos reglamentos y una pesada carga de gastos e impuestos, se crea un ambiente propicio para obtener ganancias de la corrupción gubernamental. La corrupción florece donde hay una combinación de monopolio, más discrecionalidad oficial y menos transparencia, según la periodista Vásquez Motta.

La corrupción posterga la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos ya que implica un costo económico sumamente alto generando pobreza y miseria. En el Ecuador, en el año de 1997 se calculó que entre la famosa “mordida” o soborno y la evasión tributaria de todo tipo, esto es, impuesto a la Renta, Consumos especiales, IVA y aduanas hay una fuga de recursos para el país de aproximadamente mil quinientos millones de dólares. En el presupuesto público ecuatoriano existieron para 1997 las denominadas erogaciones globales, las mismas que contenían gastos imprevistos y también gastos reservados. Fue por su indiscriminado, injustificado y arbitrario uso que el ex Ministro de Gobierno tuvo que fugar del país a efectos de evadir su presión. Sumados estos gastos teníamos la espeluznante suma de 1.2 billones de sucres.

El Secretario General de la OEA, César Gaviria, expresó que “la corrupción es una de las más graves amenazas para la democracia, distorsiona los sistemas económicos y constituye un factor de desintegración social”. En Caracas, Venezuela, con fecha 29 de Marzo de 1996 se suscribe la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION, cuyos propósitos son promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los países, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

De otra parte, en Santiago de Chile en Mayo de 1997, en el marco del Seminario organizado por el Celam, Consejo Episcopal Latinoamericano, denominado “Probidad o Corrupción, un Desafío Público y Privado”, se suscribe la Declaración ética contra la corrupción, se establecen las Bases para un proyecto de legislación sobre probidad pública y contra la corrupción y, además, se elabora un muy bien concebido proyecto de ley.

Los Obispos Latinoamericanos expresan pensamientos muy certeros y profundos en tales documentos, como decir, “No es suficiente para evitar o erradicar la corrupción con la voluntad política de un gobernante austero en su gestión, que rechaza la frivolidad, el abuso del poder, y que sufre con la indiferencia ante las aflicciones que afectan a los pobres. Es necesario que todos sean honestos, en todos los actos de su vida pública o privada. El testimonio personal de honradez, sacrificio, sencillez y solidaridad es el mejor antídoto contra la corrupción. Como se ha escrito, no puede prosperar un gobierno honesto en una sociedad corrupta”.

Lo antes citado es absolutamente correcto, si la democracia es una forma de vida necesitamos vivir honestamente para erradicar la corrupción del sistema, no hay regímenes de gobierno inmunes a la corrupción lo que existen son hombres honestos, funcionarios probos que moviendo los engranajes teóricos y formales que el sistema procura para gobernar un país, pueden erradicar la inmoralidad pública.

La experiencia ecuatoriana denuncia problemas graves frente al fenómeno de la corrupción, la impunidad permanente, la politización extrema, la tolerancia y la amoralidad ciudadana, el atraso legislativo, la burocracia y también corrupción en los organismos de control y juzgamiento, la desconfianza ciudadana en las instituciones del país, refleja un cuadro dramático y demuestra lo complejo de la situación. Necesitamos un compromiso, un firme compromiso público y privado, político y civil, de adultos y jóvenes, de hombres y mujeres para forjar la nueva tierra que ansiamos.

II. Visión global de la corrupción en el Ecuador

Cuando la ley no es producto de las auténticas exigencias sociales, cuando ésta no mantiene una relación coherente con la realidad de un pueblo, se producen desfases. Decía el Dr. Ramiro Larrea Santos, Presidente de la Comisión Anticorrupción, que: “Si no se diseña una doctrina constitucional vinculada a los auténticos intereses populares, se seguirán produciendo legislaciones constitucionales, ya sea por la vía de una asamblea constituyente o de las consultas populares, pero no se habrá cambiado el sistema en base a una doctrina clara que privilegie a los indiscutibles valores de la justicia, la libertad, la dignidad y la paz”.

La administración de justicia es un botín político, se la acosa y persigue para procurar impunidad o para perseguir a rivales de turno. Su politización es real, la sumisión de los jueces a los diputados genera un control absoluto de la clase política en la justicia y, cuando no les obedecen simplemente ponen en marcha los engranajes del juicio político y los destituyen. Adicionalmente, el que por contactos y relaciones accede a la Corte Suprema de Justicia, coloca en las Cortes Superiores y en las Judicaturas inferiores a sus amigos, compadres y coidearios ejerciendo sus influencias verticalmente, provocando cadenas de mando corruptas y grupos cerrados de poder.

El problema, al menos en el Ecuador, va mas allá de freir un pez gordo para terminar con la corrupción. En el Ecuador los peces gordos, políticos y económicos, desfilan y han desfilado por los corrillos judiciales sin que exista ningún cambio. Es que la corrupción en nuestro país dejó de ser coyuntural para ser estructural, su existencia no depende de un gobierno, de un partido político o de una familia, afecta nuestro sistema político y económico, se ha convertido, diciendo con esto todo, en un problema cultural y funcional.

Se han planteado en el Ecuador algunas reformas de todo tipo a efectos de luchar contra la corrupción y remozar un marco jurídico y conceptual que ya no funciona. Por ejemplo, la independencia de la Función Judicial se encuentra garantizada en la Constitución, mas su inmensa politización generaba una tremenda inseguridad jurídica, es recién ahora que se está provocando un proceso de real despolitización de la administración de justicia con la aprobación y futura integración de un Consejo Nacional de la Judicatura, autónomo y profesional que gobierne, administre y juzgue a la Función Judicial.

En lo que se refiere al marco legal específicamente:

Hemos planteado que el traspaso de fronteras sea la ruta cierta hacia la impunidad, fortaleciendo figuras democráticas y válidas como la extradición, así como evitar que el Derecho de Asilo se convierta en inmoral protección de prófugos por delitos comunes y no políticos. En este tema es un gran paso el dado al suscribir la Convención Interamericana Contra la Corrupción promovida por la OEA.

Propusimos que se permita el juzgamiento en ausencia, con defensor de oficio, para los reos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito. Actualmente en nuestro país se prohibe, como norma general, el juzgamiento en ausencia del sindicado quien puede esperar la prescripción del juicio penal en calidad de prófugo. Tal juzgamiento no debe paralizarse garantizando su derecho a la defensa con un defensor, sea de oficio o particular, así como eliminar los plazos de prescripción de la pena en los delitos de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado.

Pedimos también la protección legal a los denunciantes y testigos de casos de corrupción.

En el sector público:

Hemos propuesto hacer más transparentes y ágiles los procesos de contratación pública. Una de las causas que genera corrupción en la administración pública es lo tortuoso de su marco reglamentario, el exceso de un teórico control legal provoca la evasión de éste. Se deben simplificar los trámites asegurando así la celeridad y la eficacia, sin descuidar su control. De otra parte, las declaratorias de emergencia y la confidencialidad de la contratación pública deben terminar porque genera corrupción.

Obligar expresamente a que los funcionarios públicos en general y/o de elección popular declaren el origen de sus bienes al posesionarse y al dejar el cargo, debiendo presumirse legalmente la comisión del delito de enriquecimiento ilícito si es que no lo hacen.

Supuestamente existe la obligación del funcionario público de declarar su patrimonio al inscribir el nombramiento o designación, pero no hay sanción de ninguna clase si es que no lo hace. Además, el hecho de declarar sus bienes no justifica su origen, debe obligárselo a declarar cómo los adquirió así como a declarar su patrimonio al momento de asumir y/o dejar el cargo. Ahora bien, como el delito de enriquecimiento ilícito es el acrecimiento patrimonial injustificado de un funcionario público durante su ejercicio, el hecho de no cumplir con la obligación de declarar sus bienes, debería generar la presunción de enriquecimiento injustificado por cuanto no ha demostrado de ninguna manera su patrimonio y su origen.

Erradicar el acceso al servicio público de personal sin calificación, los improvisados de todo cambio de régimen que impiden la profesionalización del funcionario.

Depurar y fortalecer la autonomía de las entidades de control y juzgamiento del país, evitando que sean los grupos de presión interesados o los corrompidos en general, aquellos que directa o indirectamente puedan manipular a la entidad o a sus funcionarios en su beneficio.

¿Cuáles son las autoridades de control del país, especialmente las Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, así como la Contraloría General del Estado?. El origen del nombramiento de sus titulares se encuentra politizado y, además, son normalmente los grupos controlados por éstas aquellos que gestionan el nombramiento de sus titulares. Mi experiencia personal con la Contraloría General de la Nación ha sido desastrosa, y lo digo enfáticamente, a ciertos Delegados regionales se los acusa de recibir sueldos de los caciques provinciales, los Auditores Internos de los organismos públicos como Municipalidades, forman parte de los mismos sistemas de corrupción que se emplean. Es un ente burocratizado cuyos exámenes especiales y urgentes en torno a supuestos abusos de fondos públicos duran mínimo seis meses.

Hay que fortalecer estas entidades, pero despolitizándolas y depurándolas.

Precisar y sancionar el nepotismo en la administración pública en general. Las normas que existen son aisladas y ligeras.

Eliminación de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, fuente de corrupción legislativa cuyos tentáculos llegan a la Función Ejecutiva y a la empresa privada.

Transparencia del gasto electoral de los partidos políticos y candidatos en general, evitando la infiltración de la corrupción en la política.

Algunos casos importantes de corrupción tratados por la Comisión Anticorrupción:

1. Irregularidades en el manejo de la cuenta 8110 de la Presidencia de la República denominada “Inversiones y Aportaciones Especiales del Estado” (Caso Peñaranda).

Mediante una red de empresas ficticias creadas para realizar negocios fraudulentos que se financiaban con el aporte y las transferencias de la cuenta 8110 de la Presidencia de la República, se proveía a colegios, escuelas y Municipios del país, de equipos de computación, bibliotecas y otros bienes. Las compañías fantasmas presentaban propuestas y con la participación de diputados conseguían las partidas presupuestarias respectivas de la cuenta presidencial antes mencionada.

Perfeccionado el negocio con el consabido sobreprecio y productos de mala calidad, el cheque era emitido por la Presidencia y en vez de ingresar al patrimonio de las supuestas compañías vendedoras, era endosado al dueño del negocio (Peñaranda) para que se distribuya el dinero con los diputados involucrados y otras personas en porcentajes del 10% al 30%. Por estas acciones y la intervención de la Comisión, el Congreso Nacional descalificó a 17 diputados contra los que se expidieron órdenes de prisión preventiva, pero sólo 3 se encuentran presos.

2. Contrataciones irregulares de personal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre el 10 de Agosto de 1996 y el 6 de Febrero de 1997 fueron contratadas 696 personas en cargos administrativos y técnicos con un costo aproximado de cuatrocientos cincuenta mil dólares (US$ 450.000). El acceso a tales cargos dependía de una recomendación de cualquier miembro de la familia Bucaram y, especialmente, del Abogado Santiago Bucaram Ortiz, diputado y hermano del Presidente depuesto, Abdalá. En un solo día éste envió 122 carpetas y una lista con los cargos que se debían crear o llenar.

3. Banco del Estado (BEDE)

Anticipo de beneficios sociales para los que no tenían derecho por ser de reciente vinculación y préstamos extraordinarios que superaban su capacidad de pago, con el objeto de beneficiar personas cercas al régimen del momento.

Pago de salarios a personal contratado pero que no asistieron jamás a ejercer función alguna.

Pago de comisiones prohibidas por la Ley a determinadas Casas de Valores por intermediar financieramente en las inversiones del Banco.

4. Aduanas paralelas

Se instituyó una verdadera organización delictiva conformada por empleados públicos de las aduanas del Ecuador, por personas particulares de confianza y encargadas de la seguridad personal del Presidente Bucaram, así como de altos miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera, con el objeto de lucrar con el ingreso de mercaderías al país.

Se detectaron ilícitos de concusión, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, causando graves perjuicios tributarios al Estado.

5. Irregularidades en la contratación de obras civiles en el trasvase de aguas La Esperanza-Poza Honda.

En el proceso de licitación y adjudicación de la obra, en su fase precontractual se descalifica irregularmente a seis empresas de nueve participantes. Posteriormente se desecha el crédito japonés para tal obra y se adquiere otro mucho más caro. Este proceso cuenta con la absoluta bendición de la Procuraduría General del Estado y de la contraloría General del Estado por los intereses políticos y económicos envueltos.

6. Comisión de Tránsito del Guayas.

Abuso de poder político, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en una red de corrupción de la mencionada entidad en la que estaba comprometido un hermano del Ministro de Gobierno del actual régimen y también diputado de la República.

7. Entrega irregular de frecuencias de radio y televisión.

La Comisión comprobó y denunció la concesión irregular de frecuencias de radio y televisión a testaferros que escondían algunos representantes del poder político ecuatoriano, pagando favores y permitiendo su enriquecimiento. Los procesos de reversión están en marcha.

8. Piponazgo en el Congreso Nacional.

En el Ecuador se califica de “pipones” al personal contratado en determinada institución, pero que no califica para el cargo o no asiste a su trabajo y sin embargo cobra su remuneración. Se detectó que en el Congreso Nacional en una de las administraciones del actual Presidente de la República egresaron treinta y dos mil millones de sucres ($32.000.000.000) para pagar un grupo de asesores que no reunían los requisitos para tal función y que superaban en el 100% el personal normal del Congreso. Para dicho efecto se crearon Comisiones Ocasionales que supuestamente justifiquen la contratación.

Es una pequeña muestra de los casos de corrupción política más trascendentes e importantes tratados por la Comisión Anticorrupción en quince meses de labores, a pesar de sus limitaciones. Sin embargo, la corrupción corroe las bases mismas del Estado. En el Ecuador las tres Funciones del Estado, Ejecutiva, legislativa y judicial se encuentran contaminadas, así como los gobiernos seccionales y también los organismos de control.

En lo que se refiere a las finanzas públicas, es la recaudación de los tributos en general uno de los sectores más afectados. El problema de las Aduanas es crónico, con un contrabando organizado desde las propias esferas encargadas del control, complementado eficazmente con protección política y parcelamiento en cuotas de poder y enriquecimiento, así como con la participación de personas naturales y jurídicas del sector privado, han provocado su militarización. El efecto es mortal para el Estado al dejar de percibir significativas cantidades de dinero que se pueden emplear en su desarrollo.

La contratación pública inmoral y deficiente es otra actividad del Estado que tiene graves deficiencias. El soborno forma parte de los presupuestos de las empresas proveedoras de bienes y servicios como medio de lograr la concesión de un contrato, sin que exista discrimen en el comentario entre empresas nacionales o extranjeras.

En lo que se refiere a las entidades de control como la Contraloría General del Estado, las Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, que deben vigilar a entidades y funcionarios en sus diarias actividades, son también parte del botín político y, por ende, sujetas a los dictados corruptos del coyuntural poder político. A tal punto que estas entidades han servido para combatir y perseguir enemigos políticos, así como para absolver a sus controladores.

En lo atinente a la administración de justicia, es la impunidad de quienes han violado la ley y se han apropiado de recursos públicos provocada por jueces de mayor o menor nivel una de las causas más importantes de la corrupción. El sistema de designación de jueces tiene un evidente ingrediente de compromiso político, que no será erradicado completamente en tanto no se integre el Consejo Nacional de la Judicatura.

La corrupción se ha organizado alrededor de políticos inescrupulosos que han alcanzado determinada cuota de poder público. Es un círculo vicioso que se inicia con el financiamiento millonario de campañas políticas cuyo principal objetivo es captar el poder, una vez obtenido éste se empieza a parcelar y repartir con importantes cuotas en las tres Funciones del Estado y sus organismos de control. En este festín el pueblo ecuatoriano no importa y, sin embargo, es la víctima del mismo.

También la empresa privada tiene su parte, un gran sector de ésta es la principal beneficiaria de la corrupción y, por ende, la alienta y estimula. Igual el sindicalismo público que a través del mecanismo íntimidante de la paralización de labores, sus dirigentes obtienen jugosas ganancias o contratos colectivos cuyas prestaciones esquilman aún más el fisco ecuatoriano.

La ciudadanía en general no participa de la vida política en forma activa, ejerce el derecho al voto como una forma de obtener una certificación que lo habilite para conseguir empleo, pero el tema, no les interesa. En tales condiciones el círculo vicioso sigue rodando ya que se eligen mandatarios incapaces y políticos inescrupulosos.

A nuestro criterio, las principales causas de la corrupción en el Ecuador son:

Deterioro de valores éticos y morales
Bajo índice de cultura política y educación en general
Escasa participación ciudadana en la vida pública ecuatoriana que sirva de control
Centralización administrativa y engorrosas tramitaciones
Poca transparencia en la información
Baja calificación ética y técnica en la dirigencia política
Una impunidad recurrente en una administración de justicia cuestionada y falta de credibilidad, que alienta la corrupción.
Ejercicio de controles institucionales sin independencia, con escaso profesionalismo y totalmente politizado.
III.Comisión de control cívico contra la corrupción. Corrupción política, democracia e iniciativas emprendidas

Es común escuchar del ciudadano común que la culpa la tiene el sistema, que la corrupción es consustancial a éste y que el empleado público que no roba peca de tonto. Inclusive, en algún momento el ex Primer Ministro Italiano Bettino Craxi, a propósito de los graves casos de corrupción detectados en Italia, pretendió soslayar la importancia de estos y diluir las responsabilidades de corrupción política en toda la sociedad. Manifestó que la “Tangente”, aquel modo de obtener beneficios de los actos de corrupción era práctica común de todos quienes realizan actividad política o ejercen función pública, tratando de minar moralmente la imposición de sanciones, ya que si la culpa la tiene el sistema no debemos responsabilizar a los ciudadanos.

La delincuencia, en general, y la corrupción política, en particular, ha existido, existe y existirá en toda sociedad. En tanto el ser humano siga siendo tal, apto para renunciar a obligaciones y responsabilidades éticas a cambio de un rápido exitismo económico, el tema se encontrará vigente. Sin embargo, uno de los problemas actuales radica en la globalización de la corrupción y, obviamente, su desborde, tanto por la carencia de recursos de todo tipo de los diversos Estados para frenarla, como por la debilidad interna y estructural que las democracias, de todo tipo, están demostrando para reprimirla.

La actividad política ha sido siempre un juego de poder que se encuentra legitimado en función de los medios utilizados y la finalidad prevista. En las democracias representativas elegimos a nuestros mandatarios para que en nuestro nombre y representación procuren el bien común de la sociedad toda. Sin embargo, la relación entre gobierno y ciudadanía, que se supone debe ser ejercida por nuestros representantes, se ha distorsionado completamente, prácticamente no existe. La actividad política se ha convertido en una empresa carente de filosofía y de principios morales que exclusivamente busca el poder político, a toda costa y sin escrúpulo alguno, para satisfacer los intereses de todo tipo de los que han financiado a la empresa.

En tal medida nuestras sociedades se encuentran girando en un círculo vicioso, en el cual jugosos capitales sin certificado de nacimiento engordan las chequeras de los partidos políticos y, estos a su vez, promocionan a los nuevos representantes del ciudadano común, los mismos que están prestos a devolver el favor a cambio de jugosas comisiones. A todo esto, los mecanismos, filtros y controles que la democracia mantiene para prevenir, descubrir o sancionar la corrupción se encuentran envilecidos y bajo la tutela de los mismos a quienes tiene que descabezar.

El problema es tan serio que los Estados de Derecho tal y como han sido concebidos se encuentran corriendo gravísimos riesgos en su permanencia. La brecha entre dirigentes políticos y dirigidos se agranda cada vez más, provocando una inmensa desconfianza en las instituciones que soportan el régimen democrático. Mientras las carencias de nuestra gente se agravan, mientras sus miserias persisten, estos observan la forma impúdica en que los ingresos del Estado son malversados o distraídos ilícitamente. ¿Hasta cuándo tolerarán pacífica y estoicamente esta situación?, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que en el Ecuador la impudicia y la desvergüenza de un gobierno corrompido fue tan grande que, inclusive, movilizó al resto de la clase política para derrocarlo. Seguramente se asustaron de una reacción popular que no iba a discriminar a estos de aquéllos y prefirieron manipularla, conducirla, como finalmente lo hicieron.

En democracia la opinión pública juega un papel importantísimo para luchar contra la corrupción, gran parte de ésta se forma a través de los medios de comunicación social, de la prensa de un país. Es necesario que una vez descubierto el caso de corrupción, la reacción social de frustración, de resentimiento, de indignación, sea acogida por la prensa y se provoque el necesario escándalo, exigiendo información, juzgamiento y sanción. Es una forma de luchar contra la corrupción ya que la estigmatización social juega un papel preponderante, especialmente si comentamos la corrupción en la política.

A pesar de los múltiples criterios con los que se pretende explicar la insurgencia social y cívica del 5 de Febrero de 1997 en contra del pasado gobierno ecuatoriano presidido por Abdalá Bucaram, es evidente que la corrupción imperante fue el principal detonante. Sin embargo y en honor a la verdad histórica, el dudoso mérito que tal régimen tuvo fue el de exhibir con impudicia y en toda su dimensión un vicio que paulatinamente venía minando las bases mismas del Estado, esto es, la corrupción. El desarrollo de las organizaciones sociales, su paulatina organización, la madurez de la prensa y las voces orientadoras de la Iglesia provocaron que el pueblo ecuatoriano siga a los políticos coyunturalmente en oposición al gobierno, y exijan su inmediata cesación.

Este es el antecedente inmediato para que el nuevo Presidente expida el Decreto Ejecutivo 107/A del 4 de marzo de 1997 y constituya, en acuerdo con el Presidente del H. Congreso Nacional, la Comisión Anticorrupción. Este cuerpo colegiado con inmenso poder moral, sin recursos efectivos legales, con la oposición de casi todo el poder político ecuatoriano, paulatinamente fue obteniendo el respaldo ciudadano ante las acciones emprendidas contra la corrupción.

Lo dicho provoca que con fecha 31 de julio de 1997 se expida un nuevo Decreto Ejecutivo, el 506, incorporando atribuciones y especificando otras para la Comisión. Finalmente, esta Comisión preparó un proyecto de Ley Anticorrupción que reposa en el H. Congreso Nacional para su debido tratamiento y, en la Asamblea Nacional Constituyente que acaba. de finalizar sus actividades, se provocó una reforma constitucional que institucionaliza a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción como órgano de control constitucional. Se le otorga facultades para investigar casos de corrupción y remitir sus pronunciamientos e informes al Ministerio Público, Contraloría, Fiscalía y a la Función Judicial.

Posteriormente, el Ecuador entró en un proceso de reformas constitucionales dentro del cual se han establecido varias normas y procedimientos que, estimamos, fortalecerán el régimen democrático en la lucha contra la corrupción. Han sido previstas por la Asamblea Nacional Constituyente y se espera que entren en vigencia a partir del 10 de Agosto de 1998.

Estas son:

1. “Es deber del Estado garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción” (Art. 3, 6);

2. “El Estado garantizará el derecho a acceder fuentes de información: a buscar, recibir, conocer y difundir información en forma veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general y de los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales… No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.” (Art. 81);

3. “Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la Ley”.

Administrar honradamente el patrimonio público;
Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley;
Denunciar y combatir los actos de corrupción” (Art. 97);
4. “Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección, por actos de corrupción…” (Art. 109);

5. “…Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aún en ausencia de los acusados…” (Art. 121);

6. “Los funcionarios de libre nombramiento y remoción, los designados para período fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos elegidos por votación popular, deberán presentar al inicio de su gestión, una declaración patrimonial juramentada que incluya activos y pasivos y la autorización para que de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. De no hacerlo no podrán posesionarse de sus cargos…”

Al término de sus funciones presentarán también una declaración patrimonial juramentada, que incluya igualmente activos y pasivos. La Contraloría General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones hará presumir enriquecimiento ilícito…” (Art. 122);

7. “…Tanto el ingreso como el ascenso dentro del servicio civil y carrera administrativa, se harán mediante concurso de méritos y oposición… En ningún caso la afiliación política de un ciudadano influirá para su ingreso, ascenso o separación de una función pública.” (Art. 124);

8. “Se prohibe el nepotismo en la forma que determine la ley. La violación de este principio estará sancionada penalmente.” (Art. 125);

9. “…El Presidente y Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito…” (Art. 130, 9);

10. “…Por ningún caso se concederá el indulto en caso de delitos cometidos contra la administración pública…” (Art. 130, 15);

11.”…Estará prohibido a los diputados ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo del Congreso Nacional. Igualmente les estará prohibido gestionar nombramientos de cargos públicos…” (Art. 135);

12. “Los diputados que incurran en violaciones al Código de Etica serán sancionados con el voto de la mayoría de los integrantes del Congreso. La sanción podrá ocasionar la pérdida de la calidad de diputado.” (Art. 136);

13. “La Comisión de Control Cívico de la Corrupción es una persona jurídica de derecho público, con sede en la ciudad de Quito, con autonomía e independencia económica, política y administrativa, que en representación de la ciudadanía receptará denuncias sobre hechos presuntamente ilícitos en las instituciones del Estado, para investigarlos y promover su prevención, juzgamiento y sanción…” (Art. 220);

14. “Sólo una vez que la Comisión haya finalizado sus investigaciones y encontrado indicios de responsabilidad, pondrá sus conclusiones en conocimiento del Ministerio Público y de la Contraloría General del Estado. No interferirá en las atribuciones de la Función Judicial, pero ésta deberá tramitar sus pedidos. Podrá requerir de cualquier organismo o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para llevar adelante sus investigaciones. Los funcionarios que se nieguen a suministrarla serán sancionados de conformidad con la ley. Las personas que colaboren con tal Comisión para esclarecer los hechos, gozarán de protección legal.

La Ley determinará… las instituciones de la sociedad civil que harán las designaciones.” (Art. 221);

15. “…Sólo para fines de la defensa nacional se destinará fondos de uso reservado.” (Art. 259);

Estas son varias normas constitucionales que por iniciativa de la ciudadanía, de la Comisión Anticorrupción y a base de recientes experiencias, se encuentran ya en el texto codificado de la Constitución Política del Ecuador que se aprobó por parte de la Asamblea el 5 de junio del presente año y que entrará en vigencia, seguramente, con la posesión del nuevo Presidente, seguramente.

La corrupción política, una visión desde El Salvador

Rafael Hernán Contreras

Deseo agradecer al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), el haberme invitado a participar, en representación de mi país, El Salvador, a este cónclave iberoamericano, que cuenta además con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y que se celebra en esta acogedora República de Bolivia que, como siempre, abre sus brazos para recibirnos fraternalmente.
El enfoque que brindaré sobre la temática de la corrupción política se ha estructurado en cuatro partes. En un primer momento, se hará referencia al significado de la corrupción política; en un segundo instante, se abordará la visión realista del tema; en tercer lugar, se ofrecerá un planteamiento de las soluciones, y finalmente un llamado a la conciencia de los pueblos iberoamericanos.

1. El significado de la corrupción política

Hablar de corrupción política implica hacer referencia a las prácticas que riñen con la ética y el bien común, las que son hábitos que percibe la sociedad civil entre los responsables de la toma de decisiones, ministros, directores, presidentes de instituciones autónomas diputados, alcaldes, jueces, secretarios, magistrados, cuadros de partidos que utilizan el ejercicio del poder en beneficio personal o particular.

Desde esta perspectiva, la corrupción política es un obstáculo que amenaza la seguridad democrática de las naciones, la que atenta contra la paz iberoamericana.

Con esa visión se han pretendido justificar todas las acciones tomadas en función de preservar intereses sectarios, no importando que para lograr beneficios particulares se pisotearan aquellas condiciones que harían posible la vivencia democrática. Una de las principales desde luego, fue el valor justicia, cuya aplicación sesgada y desigual permitió muchos atropellos que incluso, degeneraron en cruentos conflictos internos en las naciones, cuyos espacios democráticos se cerraron.

Iberoamérica se caracterizó en las décadas precedentes, por ser depositaria de la influencia bipolar de las grandes potencias, la cual brindó el espacio político adecuado para que al frente de los gobiernos el estamento militar dirigiera los destinos de nuestras naciones.

En función de una doctrina de seguridad nacional, pero sobre todo pretendiendo contener el avance de las ideas anárquicas, la corrupción encontró puertas abiertas en las diferentes administraciones públicas, enfrascadas en atender los problemas de seguridad interna. Ello generó una cultura antidemocrática en la que se conocía de antemano quienes serían los gobernantes, debido a los procesos de fraude electoral e imposición política, y una vez que estos salían del ejercicio activo del poder político, lo hacían en condiciones substancialmente mejoradas como producto del enriquecimiento ilícito en el que participaban y promovían.

Esta tendencia se observó a lo largo de todo el continente y no ha sido sino hasta muy recientemente, que se ha tomado conciencia en los pueblos de que situaciones semejantes no pueden, ni deben ser permitidas.

En esa línea de pensamiento, es ejemplarizante el caso de algunos países latinoamericanos, en donde sus gobernantes han tenido que dejar el poder debido a los evidentes signos de corrupción en el que estaban inmersos.

2. Visión realista de la corrupción política

La corrupción política debe ser abordada desde una óptica de realismo, a partir de las siguientes variables de incidencia:

1) Históricamente, la cultura política predominante en el continente ha concebido a los gobiernos como patrimonio de su exclusivo dominio.

2) El sistema político no ha sido lo suficientemente fuerte y cohesionador para impulsar una democratización a fondo en nuestros países.

3) El sistema de partidos políticos ha sido deficiente, en términos de que desde su interior se ha impedido la democratización interna de los mismos.

4) Los gobiernos han llegado al poder con una dosis reñida de legitimidad.

Cada vez es más pronunciado el abstencionismo y el ausentismo en las contiendas electorales.

5) Las promesas del discurso electoral no ha tenido correspondencia con las acciones en el plano del ejercicio práctico.

6) Ha existido ausencia de un proyecto transideológico. Es decir, que trascienda las ideologías en función de los grandes intereses de la nación.

7) Los partidos políticos sufren de desprestigio y ello abona al crecimiento de la apatía electoral.

Con esas variables de incidencia, es lógico que en nuestras naciones esté abonado el campo para la entrada y permanencia de la corrupción que, desde el plano político, incide hacia los demás campos del poder.

La corrupción, genéricamente considerada consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, que beneficia a ambos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político, la corrupción consiste en el uso y abuso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.

La clase política sufre, en menor o mayor dimensión las consecuencias de la corrupción, sobre todo a partir de la falta de confianza de la gente hacia los partidos, que sólo se explica a partir de una serena percepción desde la sociedad civil, a cuya base se encuentra presente el certero juicio de que los políticos han usufructuado el poder, han beneficiado indebidamente a sus allegados y a sus familias, generando una cultura errónea de justificar sus acciones a partir de la impunidad de que se han rodeado.

La legislación imperante en algunos países latinoamericanos, designa a los partidos como los únicos instrumentos para accesar al poder político, pero si tales instrumentos están viciados, en poco o nada, podrán contribuir a que se fortalezca la democracia de nuestras naciones.

El aparecimiento de los llamados candidatos “out-siders”, quizá refleje nítidamente la ausencia del liderazgo político continental.

En efecto, cada vez es más frecuente que sean artistas, cantantes, o empresarios que siempre estuvieron alejados de la política partidista, los que promuevan sus aspiraciones de gobernar los países, incidir en los parlamentos o ejercer la hegemonía política a nivel de los gobiernos locales.

Agrava lo anterior, la puesta en ofrecimiento de plataformas políticas que contienen prácticamente soluciones para todos los problemas del país, pero que llegado el momento de operativizarlas dejan mucho que desear, precisamente porque las mismas han sido estructuradas desde un plano teórico-conceptual que termina haciendo una función descriptiva de los problemas, sin tocar a fondo la médula de los mismos, consistente en la injusticia social.

Hablar de corrupción política sin hacer referencia a estos hechos equivaldría a señalar la rama perdiendo de vista el bosque circundante.

3. Planteamiento de soluciones

En términos de soluciones y aportes para combatir la corrupción política, señalaremos los esfuerzos que deben orientarse con realismo y sentido ético:

La adopción de un sistema democrático es un camino irreversible y un hecho inminente del cual ninguna fuerza política ni social debe sustraerse. Hacerlo es ir contra la historia.
El fortalecimiento de la sociedad civil es un paso necesario para robustecer el sistema democrático. El señalamiento a tiempo es determinante para que todos los gobiernos operen de manera transparente, rindiendo cuentas de sus actos en todos los niveles jerárquicos y brindando al pueblo la información sin restricciones; en consecuencia, de los gobiernos se requiere tolerancia; de la sociedad civil se exige participación y una actitud constructiva y propositiva.
Los partidos políticos deben democratizarse, abrir sus puertas al nuevo talento humano, con lo que se renovará el liderazgo perdido.
La corrupción política es un hecho que está a la vista de todos, por tanto somos todos los obligados a participar en su combate. Naturalmente los gobiernos, elegidos para representar al pueblo y velar por el desarrollo de las naciones, son los primeramente obligados a adoptar la normatividad ética, para que la conducta de sus funcionarios sea transparente, efectiva y legitimada por la opinión pública.
Los gobernantes deben dar muestras de voluntad para castigar, ejemplarmente, a los funcionarios involucrados en actos de corrupción.
Debe existir plena conciencia que la corrupción política es generadora de las condiciones idóneas para que proliferen otros tipos de corrupción, por lo que la misma se configura como un elemento distorsionador de las democracias incipientes de nuestro continente.
Finalmente, debemos señalar que el flagelo de la corrupción se constituye en un factor que inhibe el desarrollo de los pueblos y erosiona los valores éticos y morales de las sociedades. Por tanto, es urgente tratar este problema en el orden práctico en cada uno de nuestros países.
El flagelo de la corrupción política no debe ser visto como algo etéreo, amorfo o ficticio, al contrario, estamos íntimamente convencidos de que es un fenómeno presente, actuante, envolvente y progresivo que, desde las cúpulas, inhibe el desarrollo de los pueblos, debilita la institucionalidad democrática, crea la desconfianza de la gente hacia la clase dirigente, erosiona la formación de valores ciudadanos y brinda la oportunidad para que otro tipo de corrupción, especialmente en el ámbito administrativo y económico, se expandan y consoliden.

4. Llamado a la conciencia

Es plausible el esfuerzo que promueven los organismos financieros internacionales, en procura de que los fondos económicos destinados a nuestras naciones sean manejados con efectividad y transparencia; igualmente es satisfactorio ver el esfuerzo de todos los países en aras de generar conciencia a través de foros y conferencias; por ello estamos seguros que todos los aquí presentes regresaremos a nuestros países con la conciencia y voluntad inclaudicables para combatir en forma efectiva y pragmática, la corrupción en todas sus manifestaciones, especialmente la política generadora de una nefasta cultura de atraso y subdesarrollo.

Estamos seguros que los grandes problemas de la corrupción tienen su base en la ausencia de la ética, por lo que se hace necesaria una campaña permanente e internacional para llegar a una toma de conciencia, por parte de todos los ciudadanos de cualquier nación del mundo, sobre la necesidad de la ética para la sobrevivencia de la democracia.

La tendencia globalizadora nos permite buscar soluciones en conjunto, porque todos los pueblos están empeñados en quitar los obstáculos de los costos de la corrupción, que impiden el desarrollo de los mismos.

Se han celebrado muchas reuniones, congresos, seminarios y toda clase de eventos para buscar medidas preventivas contra la corrupción, entre ellas podemos citar las más sobresalientes:

Profundizar y desarrollar la vivencia de la democracia.
Fomentar la cultura democrática.
Fortalecer el estado de derecho.
4) Decretar leyes específicas de combate contra la corrupción tipificando en el campo penal, los delitos propios de esta y establecer un código de ética para la función pública.

5) Programas educativos para fomentar la mística del servicio público.

Este llamado a la conciencia iberoamericana es para insistir, en el fortalecimiento de la educación de los pueblos, ya que es la única vía que contribuye a revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la persona, como una necesidad imperativa para lograr las aspiraciones de un mundo mejor, más humano en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad.

Fuente:

http://old.clad.org/documentos/otros-documentos/corrupcion-politica-el-caso-del-ecuador

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2 comentarios el “Por sus frutos los conocereis

  1. Mario Herrera
    abril 14, 2014

    Hay que agregar: contratos Petroleros a dedo, contratos a los militares (Cuerpo de Ingenieros del Ejercito), intervención en el Banco Central, etc., etc.

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  2. Ramón Pesantes Ríos
    mayo 10, 2014

    Información, análisis y reflexiones de una persona con una altísima autoridad ética.
    Este es un magnífico artículo. Los felicito.

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Esta entrada fue publicada el abril 14, 2014 por en Derechos Humanos, Ecuador, Educación, Opinión, Política, Reflexiones.
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